El Gobierno de Aragón ha dado luz verde esta semana al proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de energía de Aragón. Entre los fines fundamentales, se incluye favorecer el autoconsumo, incrementar el nivel de autoabastecimiento energético regional, promover la expansión de las renovables y facilitar la constitución de comunidades energéticas.
El proyecto de ley, que ayudará al Ejecutivo de Aragón a contar con una planificación energética adecuada, incorpora buena parte de las disposiciones del Decreto Ley de 2023 anulado por el Tribunal Constitucional, aunque ajustándolo en gran medida a las objeciones de constitucionalidad planteadas por el Estado en su recurso.
En concreto, el Constitucional estimó el recurso interpuesto por el Gobierno de España, anulando íntegramente dicho Decreto ley al considerar que no quedaban suficientemente justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han de habilitar el uso de este instrumento normativo.
En sus nueve capítulos se plantean medidas para fomentar el autoconsumo y la regulación de las comunidades energéticas.También incluye la regulación de los proyectos e inversiones prioritarios con generación renovable asociada, configurados como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón. A estas iniciativas podrán recurrir iniciativas públicas y privadas para acelerar inversiones productivas que vayan asociadas a instalaciones de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
Además, contempla la regulación del informe autonómico preceptivo y no vinculante en los concursos de acceso y de transición justa que se convoquen en relación con nudos ubicados en el territorio de aragonés.
Recomendaciones para la planificación energética
Por otra parte, el texto legal aprobado acoge algunas de las recomendaciones formuladas por unanimidad de los grupos parlamentarios de las Cortes. Entre otras cuestiones, se incorporan medidas para actualizar la normativa energética para adaptarse a las nuevas necesidades mediante la agilización de los procedimientos administrativos sobre la materia. Asimismo, se configura la planificación como uno de los ejes principales de la política energética del territorio.
En ese sentido, la ley encomienda al Gobierno de Aragón el impulso de un procedimiento participativo dirigido a la aprobación de un Plan Energético de Aragón que sustituya al de 2013-2020. Este comprenderá, entre otras cosas, una ordenación territorial de las energías renovables que pondere los impactos que puedan verse implicados, bien restringiendo su implantación en determinadas zonas, o bien reservándolas para su aceleración.
Por último, el documento autoriza al Ejecutivo de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, apruebe un texto refundido de las disposiciones legales aragonesas vigentes en materia de energía, que incluya su regularización, aclaración y armonización.
El proyecto de ley llegará a las Cortes de Aragón para, en lectura única, someterse a votación durante el próximo mes de diciembre.