Hasta la fecha, se contabilizan 353 comunidades energéticas en todo el territorio español. Esto supone que el 4% de los municipios españoles cuenta ya con una figura de este tipo, destacando el País Vasco como la comunidad autónoma con más figuras de autoconsumo colectivo, según la primera edición del ‘Informe de indicadores 2023’ del observatorio nacional de comunidades energéticas Energía Común.
En enero de 2024 se creó Energía Común, una iniciativa de Ecodes en colaboración con Redeia que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuyo objetivo es crear un espacio para el aprendizaje y el fomento del conocimiento colectivo, acelerando la formación de comunidades energéticas transformadoras que maximicen su impacto social y ambiental.
El ‘Informe de indicadores 2023‘ ofrece una panorámica de dónde y de qué manera crece el mapa de las comunidades energéticas en España a través de una serie de indicadores nacionales y autonómicos sobre aspectos legales, sociales, de financiación o de participación sobre las comunidades energéticas españolas. El estudio se actualizará anualmente para poder obtener un análisis evolutivo de estos valores, lo que permitirá detectar las prácticas que contribuyen al avance de las comunidades energéticas y su replicabilidad.
De esta manera, el documento recoge una serie de indicadores calculados a nivel nacional: el número de comunidades energéticas, el porcentaje de municipios con una comunidad, los tipos de participantes, las actividades que desarrollan, el estado del proyecto energético o la financiación, entre otros valores.
Distribución de las comunidades energéticas en el territorio nacional
El número de comunidades energéticas que ha contabilizado el observatorio nacional de comunidades energéticas Energía Común ha sido 353. De entre todas las comunidades autónomas que poseen esta figura de autoconsumo compartido, el País Vasco se sitúa en primer lugar, con más de 80. En segundo lugar, se sitúa Cataluña con la mitad de comunidades energéticas, aproximadamente. Le siguen la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, y Aragón, entre otras.
De estos datos se extrae que un 4% de los municipios cuentan con una comunidad energética. La comunidad autónoma con mayor concentración de comunidades energéticas por número de municipios también es el País Vasco, con más de un 35%. Por lo tanto, a pesar de que las comunidades energéticas están creciendo de forma importante, España todavía se encuentra muy lejos de alcanzar ese hito en una escala nacional, según indica el informe.
Además, con el objetivo de visibilizar la distribución de las comunidades energéticas en relación a cómo se distribuye la población en España desde una perspectiva geográfica, se ha establecido el indicador de número comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes. El resultado obtenido ha sido 0,74. Asimismo, las comunidades autónomas con mayor concentración de comunidades son Navarra, con más de un 4,5, y País Vasco, con un 4.
En lo que respecta al número de socios que conforman una comunidad, la mayoría (37%) están conformadas por menos de 20 socios, seguidas de entre 21 y 50 socios (28%), entre 51 y 100 (20%), entre 101 y 200 (6%), entre 201 y 500 (2%) y más de 500 (3%). Por tanto, las comunidades energéticas que hay actualmente en España están en una fase incipiente, contando en la mayoría de casos, con pocos socios de momento.
En cuanto a la figura jurídica propia de cada comunidad energética, el contexto español ofrece dos principales posibilidades: la asociación y la cooperativa. Estas no son las únicas formas jurídicas que se pueden utilizar, pero el resto no son tan utilizadas. La elección entre estas dos formas jurídicas generalmente depende de las tendencias predominantes en cada territorio y de la actividad que va a desarrollar la comunidad. El porcentaje de cooperativas es algo mayor que el de asociaciones, pero ambas se encuentran cercanas al 50%.
Perfil de los participantes y actividades de las comunidades
En más de un 95% de las comunidades energéticas participa la ciudadanía, un dato muy relevante ya que la figura nace para hacer partícipe a la ciudadanía en la transición energética. A la ciudadanía le siguen los ayuntamientos, con una participación aproximada del 45%. El rol que estos ocupan es determinante para que las comunidades energéticas prosperen.
Hay diferentes papeles que pueden adoptar los ayuntamientos, con la posibilidad de que asuman más de un rol de forma simultánea: como promotor, contribuyendo en la dinamización y articulación legal; como un socio más de la comunidad energética; como facilitador, cediendo espacios y cubiertas de edificios municipales para proyectos energéticos; como financiador, aportando fondos para la fase de información, constitución legal y/o ejecución del proyecto energético; como consumidor, consumiendo energía de las instalaciones energéticas propiedad de la comunidad; o como productor, generando energía que cede a la comunidad.
Según los datos recogidos por el informe, el rol de facilitador con casi un 70% de frecuencia es el más habitual, seguido por promotor con más de un 65%. El resto de los roles y su frecuencia son: socio (25%), consumidor (23%), no participa (18%), financiador (10%), y productor (5%). El resto de actores implicados son: locales comerciales, con un 42%; empresas ubicadas en polígonos, con un 28%; y entidades de la sociedad civil, con un 22%.
En cuanto a las actividades, la más habitual en las comunidades energéticas es el autoconsumo fotovoltaico. Le sigue de cerca la formación y sensibilización sobre cultura energética, así como la movilidad sostenible, el almacenamiento, la rehabilitación de viviendas, las renovables térmicas y otras renovables.
El informe también ha medido el porcentaje de comunidades energéticas que cuentan con al menos un 50% de mujeres en su junta de gobierno, y a nivel nacional, este porcentaje es del 25%. Estos datos demuestran que la masculinización en la representación de grupos persiste en cualquier ámbito social, incluidas las comunidades energéticas, según indica el documento. Por tanto, la lectura que hace el informe de esta problemática es que las comunidades energéticas deberían representar una oportunidad para revertir esta tendencia.
Por otro lado, la proporción de mujeres en las juntas de gobierno en relación con el número total de miembros de dichas juntas es del 22%. La participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las comunidades es considerablemente inferior a lo esperado por los expertos del observatorio, quienes indican que es necesario implementar medidas que promuevan la equidad de género y aumenten la inclusión femenina en los niveles de toma de decisiones dentro del sector energético y otros ámbitos de gobernanza.
Proyectos energéticos, aspectos sociales y financiación
Tan solo un 12% de las comunidades energéticas tienen su primer proyecto energético ya operativo, el resto todavía se encuentran en estudio, en proceso, o tan solo instalada. Esto se debe, según el informe, a que muchas comunidades energéticas todavía se encuentran en una primera fase de difusión entre posibles interesados, pero otro de los motivos más habituales son las trabas burocráticas y retrasos que las distintas distribuidoras y comercializadoras están generando.
En cuanto a los aspectos sociales que abordan las comunidades energéticas a través de sus actividades y objetivos como organización, el aspecto social más abordado por las comunidades energéticas con un 32% es la pobreza energética, seguido por un 22% que abordan aspectos de género y un 4% que lo hacen en el ámbito de la tercera edad. En próximas encuestas, el observatorio incidirá en cómo estas comunidades energéticas abordan o tienen previsto abordar estos temas.
El último indicador medido por el observatorio es el de la financiación. Para clasificar el tipo de financiación de cada comunidad energética se ha optado por una pregunta de respuesta múltiple, ya que un proyecto puede contar con varias líneas de financiación: fondos propios, ayudas públicas, entidades financieras o fondo de inversión, servicios energéticos, préstamos colectivos. (crowfunding/crowdlending) o el ayuntamiento es el propietario de la instalación energética.
A nivel nacional, el 85% de las comunidades energéticas ha tomado algún tipo de ayuda pública. Dentro de este 85%, un 24% ha contado con los apoyos del programa implementa 1 o 2. No se han tenido en cuenta el 3 y 4 ya que su publicación fue a finales del 2023 y probablemente no comenzaron a adjudicarse hasta el 2024, por lo que se analizarán en el próximo informe anual.
Ninguna comunidad ha marcado ‘otra’ como respuesta, por lo que el resto del porcentaje (76%) son ayudas de programas de las comunidades autónomas. La segunda fuente de financiación más habitual entre las comunidades energéticas a nivel nacional ha sido los fondos propios, con un 67%. El resto de fuentes de financiación son ya de menor orden de magnitud: entidades financieras (14%), servicios energéticos (7%), prestamos colectivos (3%) y el ayuntamiento (5%).