Tras la aprobación del Parlamento Europeo de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, el Consejo Europeo ha adoptado formalmente la directiva, una ley que además impulsará la adopción de instalaciones solares en los edificios de la Unión Europea. La directiva busca reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía en el sector de la construcción de la UE de aquí a 2030, y hacerlo climáticamente neutro a partir de 2050. También busca rehabilitar los edificios menos eficientes y mejorar el intercambio de información sobre el rendimiento energético.
Según la Comisión Europea, los edificios de la Unión Europea son responsables del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La nueva ley obligará a que los Estados miembros implementen instalaciones solares de forma paulatina en nuevos edificios comerciales y públicos para 2026, en edificios comerciales y públicos que se sometan a una rehabilitación relevante para 2027, en nuevos edificios residenciales para 2030 y en edificios públicos ya existentes para 2030.
Asimismo, los Estados miembros deben adoptar medidas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración de los edificios, impulsando las instalaciones solares térmicas, entre otras instalaciones térmicas renovables.
Así, la ley garantizará el despliegue de instalaciones de energía solar fotovoltaica y térmica en edificios nuevos, edificios públicos y edificios no residenciales existentes en proceso de rehabilitación que requieran un permiso. Los Estados miembros pueden optar por eximir de las normas a edificios específicos, como edificios históricos, lugares de culto o edificios propiedad de las fuerzas armadas.
Edificios climáticamente neutros
Cada Estado miembro adoptará su propia trayectoria nacional para reducir el uso medio de energía primaria de los edificios residenciales, en un 16% de aquí a 2030 y entre un 20% y un 22% de aquí a 2035. En el caso de los edificios no residenciales, se deberán rehabilitar el 16% de aquellos con peores resultados de aquí a 2030 y el 26% de aquí a 2033. Todos los edificios nuevos deberán ser edificios de cero emisiones de aquí a 2030 y el parque edificado de la UE deberá ser cero emisiones de aquí a 2050.
Asimismo, la directiva exige el establecimiento de ventanillas únicas de asesoramiento sobre la rehabilitación de edificios y las disposiciones sobre financiación pública y privada harán que la rehabilitación sea más asequible y viable.
La directiva también impulsará la independencia energética de Europa, en consonancia con el Plan REPowerEU, al reducir el uso de combustibles fósiles importados y hacer que las ‘cero emisiones’ sean el estándar para los edificios nuevos. Además impulsará la adopción de la movilidad sostenible gracias a disposiciones sobre precableado, puntos de recarga para vehículos eléctricos y plazas de aparcamiento para bicicletas.
Por último, para luchar contra la pobreza energética y reducir las facturas energéticas, las medidas de financiación tendrán que incentivar y acompañar las rehabilitaciones, así como estar dirigidas a las personas más vulnerables y a los edificios de peor rendimiento energético.
Eficiencia energética en el sector residencial
La Directiva sobre rendimiento energético de los edificios fue presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2021 como parte del paquete denominado Fit for 55, que establece la visión para lograr un parque de edificios europeo con cero emisiones para 2050. En diciembre de 2023, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional. El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo aprobó la directiva, y ahora, finalmente, el texto ha sido adoptado formalmente por el Consejo Europeo, convirtiéndose en ley.
La directiva ahora será firmada por los presidentes del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Además, la Comisión Europea revisará la ley de aquí a 2028 para analizar la experiencia adquirida y los avances realizados durante su aplicación.