El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional que establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de productos de tecnología de cero emisiones mediante la conocida como Ley de industria Cero Neto (NZIA, por sus siglas en inglés). El objetivo de la ley es facilitar las condiciones para invertir en paneles solares, entre otras tecnologías sostenibles, simplificando los procedimientos de concesión de permisos y apoyando proyectos estratégicos. También propone facilitar el acceso al mercado para productos tecnológicos estratégicos, mejorar las habilidades de los trabajadores europeos en estos sectores y crear la plataforma Net-Zero Europe.
Tras la propuesta de ley de la Comisión Europea en marzo del 2023, ambas instituciones europeas han alcanzado un acuerdo provisional para impulsar la Ley de la industria Cero Neto, que establece el objetivo de alcanzar el 40% de la producción necesaria para cubrir las necesidades de la UE en productos tecnológicos estratégicos como los paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, baterías y bombas de calor.
La propuesta también establece un objetivo específico para la captura y almacenamiento de CO2, con una capacidad de inyección anual de al menos 50 millones de toneladas que se alcanzará de aquí a 2030. Por último, la ley establece el objetivo de obtener el 15% del valor del mercado global para las tecnologías de cero emisiones netas.
Criterios de sostenibilidad y resiliencia
El acuerdo provisional alcanzado señala que los esquemas nacionales de apoyo destinados a acelerar el despliegue de tecnologías como paneles solares entre los hogares y los consumidores deberán tener en cuenta una serie de criterios de sostenibilidad y resiliencia. Los procedimientos de contratación pública y las subastas para desplegar fuentes de energía renovables también deben cumplir estos criterios, aunque en condiciones que definirá la Comisión, y para un mínimo del 30% del volumen subastado por año en el Estado miembro.
Se considerará que un suministro no es resiliente cuando la proporción de una tecnología de cero emisiones netas originaria de un país no perteneciente a la UE represente más del 50% del suministro de esa tecnología dentro de la Unión Europea. Este criterio sólo se tendrá en cuenta si la Comisión Europea ha evaluado primero el nivel de dependencia de cada tecnología de un tercer país en particular.
En el caso de que la aplicación de la contribución a la resiliencia y la sostenibilidad dé como resultado una diferencia de costes desproporcionada o si no se han presentado ofertas o solicitudes adecuadas, los poderes adjudicadores podrán decidir no aplicar estos criterios.
Aceleración de permisos y valles industriales
En primer lugar, los proyectos con mayor potencial de descarbonización se beneficiarán de procedimientos de permisos rápidos para la construcción o expansión y de orientación para acceder a la financiación. Además, los Estados miembros no estarán obligados a reconocer como proyectos estratégicos aquellos relacionados con una tecnología que no sea aceptada como parte de su mix energético.
La legislación también fomentará la financiación procedente de los ingresos del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) nacional y para la mayoría de los proyectos estratégicos a través de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).
El plazo para entregar un permiso para construir o ampliar grandes proyectos de fabricación de tecnología de cero emisiones netas (de más de 1 GW) será de un máximo de 18 meses. Para proyectos de menos de 1 GW, el plazo será de 12 meses.
Además, la futura regulación promoverá el desarrollo de ‘valles’ de aceleración neta cero con el objetivo de crear grupos de actividad industrial neta cero para aumentar el atractivo de la UE como lugar para actividades de manufacturación, y simplificar los procedimientos administrativos.
Por último, el acuerdo provisional establece que cuando un Estado miembro diseñe una subasta para el despliegue de tecnologías de energías renovables podrá aplicar criterios tanto de precalificación como de adjudicación que no estén relacionados con el precio, como la sostenibilidad ambiental, la contribución a la innovación o la integración de los sistemas energéticos. Estos criterios deberán aplicarse al menos al 30% del volumen subastado cada año por Estado miembro.
El acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo ahora debe ser respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones.