El Consejo de Ministros ha prorrogado varias de las medidas temporales establecidas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. La norma incluye disposiciones para el fomento de las energías renovables, entre otras actuaciones. En concreto, se extiende hasta los ocho años el plazo de tramitación de nuevos proyectos renovables, y las subastas de renovables podrán incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%.
Con el objetivo de potenciar la generación de energía renovable y la industria asociada a la transición ecológica, el Ejecutivo ha extendido hasta los ocho años el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovables. Los promotores solo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante.
El plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses. Por otro lado, el plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años.
Con esta modificación también se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación.
Fomento del autoconsumo
Como impulso a la política de fomento del autoconsumo, y favoreciendo particularmente a las instalaciones de gran escala en la actividad industrial, el 10% de la capacidad de todos los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para celebrar concursos de acceso, queda a su vez reservado para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo.
Asimismo, se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, permitiendo a las comunidades autónomas que reduzcan la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación.
Impulso a la industria renovable
La UE ha dado señales claras para que los Estados miembros incrementen el apoyo a la industria europea de renovables, clave para garantizar la estabilidad y la seguridad de suministro, para alcanzar los objetivos climáticos y para reforzar su impacto en el empleo y en el tejido empresarial.
El paquete de medidas europeo sobre la energía eólica plantea una mejora del diseño de las subastas de renovables para que, además de los criterios económicos, incluyan criterios cualitativos que ponderen los elevados estándares medioambientales y sociales de los productos europeos, que reconozcan el valor añadido de la producción europea.
En consecuencia, las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables podrán incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%, como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico.
Almacenamiento hidroeléctrico de energía
El almacenamiento de energía es fundamental para la integración de grandes volúmenes de producción renovable y la electrificación acelerada de la economía. En este sentido, el Gobierno ha integrado el almacenamiento entre los usos del agua, ubicándolo en tercer lugar en el orden de preferencia establecido.
De esta manera, queda por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales.
Igualmente, se adaptan las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación.
Suministro energético
Dada la persistencia de la inflación y la incertidumbre que continúa afectando a los mercados internacionales, el Ejecutivo ha decidido prolongar durante seis meses con carácter general la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables.
Por otro lado, se prorrogan los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios, la fiscalidad reducida para gas y electricidad, los vigentes cargos de la electricidad, las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas.
Estas disposiciones de protección se financiarán con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 –y el que pueda registrarse en 2023– así como con partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.