El Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo sobre una propuesta para modificar la configuración del mercado de la electricidad de la Unión Europea. Este acuerdo de los países de la UE permitirá iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo definitivo. Entre otras cuestiones, se contempla que todos los usuarios tengan derecho a sistemas de uso compartido de la energía, y se apuesta por impulsar la celebración de contratos de compraventa de energía. Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarían a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad que utilicen la energía solar, entre otras tecnologías.
La Comisión Europea adoptó las propuestas sobre la reforma de la configuración del mercado de la electricidad en marzo de 2023. El acuerdo de esta semana (orientación general) servirá de mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma definitiva del acto legislativo. El resultado de las negociaciones deberá ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo.
La propuesta forma parte de una reforma más amplia de la configuración del mercado de la electricidad de la UE, que también incluye un Reglamento centrado en mejorar la protección de la Unión Europea contra la manipulación del mercado mediante la mejora del seguimiento y la transparencia (RITME).
El objetivo de la reforma del mercado eléctrico de la UE es acelerar la implantación de las energías renovables, hacer que los precios de la electricidad dependan menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, proteger a los consumidores de las subidas bruscas de precios y mejorar la protección de los consumidores.
Contratos de compraventa de energía
Con el fin de estabilizar los mercados de la electricidad a largo plazo, el Consejo Europeo ha acordado que los Estados miembros fomenten la celebración de contratos de compraventa de energía. Se ha acordado que los contratos bidireccionales por diferencia (contratos a largo plazo celebrados por entidades públicas para apoyar las inversiones, que complementan el precio de mercado cuando es bajo y piden al productor que reembolse un importe cuando el precio de mercado supera un determinado límite, con el fin de evitar beneficios extraordinarios excesivos) sean el modelo de uso obligatorio para los contratos a largo plazo con participación de financiación pública, con algunas excepciones.
Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarían a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad que utilicen energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalse y energía nuclear.
Las normas para los contratos bidireccionales por diferencia solo se aplicarían tras un periodo transitorio de tres años (cinco años para los proyectos de activos marinos híbridos extraterritoriales conectados a dos o más zonas de oferta), tras la entrada en vigor del reglamento, a fin de mantener la seguridad jurídica de los proyectos en curso.
Derecho a sistemas de uso compartido de la energía
Por otro lado, el Consejo Europeo ha acordado que todos los clientes tengan derecho a sistemas de uso compartido de la energía (uso, uso compartido y almacenamiento de energía autogenerada) y que todos los derechos de los consumidores se extiendan a los clientes finales que participen en sistemas de uso compartido de la energía.
Para reforzar la protección de los consumidores, se ha acordado la libre elección del suministrador y la posibilidad de acceder a tarifas dinámicas de la electricidad y a contratos de duración determinada y a precios fijos. También se establecen normas más estrictas para los suministradores en sus estrategias de cobertura de precios para proteger a los clientes de las fluctuaciones de los mercados mayoristas, así como la protección de los clientes vulnerables de las desconexiones mediante el establecimiento de sistemas de proveedor de último recurso, para garantizar la continuidad del suministro al menos a los clientes domésticos.
A través de esta propuesta de reforma, los países de la UE también han reforzado el papel del Consejo Europeo a la hora de declarar una crisis temporal de precios a escala regional o de la Unión Europea. Se han modificado las condiciones para declarar una crisis de los precios de la electricidad, de modo que pueda declararse una crisis cuando se espere que los precios medios de la electricidad al por mayor sean muy elevados durante al menos seis meses, y cuando se prevea que los fuertes aumentos de los precios de la electricidad al por menor se mantengan durante al menos tres meses.