El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, y a otras situaciones de vulnerabilidad. La nueva norma amplía seis meses el plazo para que los proyectos de energías renovables en tramitación obtengan la autorización de construcción. El plazo de autorización administrativa de construcción vencía el próximo 25 de julio.
En España existe un gran volumen de proyectos de renovables en tramitación, en línea con las directrices europeas para reducir cuanto antes las importaciones energéticas desde Rusia y reforzar la autonomía estratégica de los 27 países de la UE, pero siempre garantizando un elevado nivel de protección del medio ambiente.
Actualmente, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia -el 80% fotovoltaica y el 20% eólica- que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20.
Al aplicar el régimen de protección ambiental español, muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas. Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.
Extensión de seis meses del plazo para la autorización de construcción
En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado la extensión de seis meses del plazo para que esos proyectos renovables obtengan la autorización de construcción, facilitando la participación pública en su nueva configuración y aumentando las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Como hasta ahora, los proyectos se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación.
De esta manera, la ampliación de este hito supone una oportunidad para que las empresas promotoras puedan consolidar los esfuerzos realizados hasta la fecha, para que los proyectos sigan su curso cumpliendo con los mayores estándares de integración social y ambiental, a la vez que la ciudadanía cuenta con un plazo mayor para conocerlos y participar en su rediseño e integración.