En los próximos meses, un nuevo servicio contratado por el Ayuntamiento de Castellón se encargará de desarrollar un Mapa Solar que informe del potencial de las cubiertas para la instalación de placas fotovoltaicas y acelerar el autoconsumo en los edificios de la ciudad. Con este trabajo, se pretende tener un diagnóstico para promover un Plan de Autoconsumo Municipal y dar un impulso a la formación de comunidades energéticas.
La Concejalía de Transición Ecológica ha adjudicado el servicio, con un presupuesto de 18.000 euros, a ImpactE, una firma especializada en la transición energética que ha colaborado con la Generalitat o ayuntamientos como los de Valencia, Barcelona, Catarroja, Paiporta o Picassent.
La iniciativa elaborará el próximo trimestre estudios técnicos sobre el potencial fotovoltaico de toda la ciudad, analizando cada uno de los inmuebles y de forma sectorizada, por barrios y áreas productivas. A partir de esta información, se diseñará una estrategia de autoconsumo municipal para abastecer a todos los edificios públicos de energía solar fotovoltaica y conseguir los objetivos planteados de la forma más eficiente, sostenible y con la mayor cobertura.
Asimismo, se elaborará un mapa solar interactivo, de acceso para toda la ciudadanía, en el que se podrá consultar el potencial fotovoltaico de cada inmueble de la ciudad.
Impulso a las comunidades energéticas
Entre las principales acciones del nuevo plan municipal, está el desarrollo de instalaciones de energía solar fotovoltaica que permiten abastecer al conjunto de los edificios públicos de la ciudad. El proyecto contempla también el impulso de futuras comunidades energéticas abiertas a la participación de pymes y hogares.
El plan municipal de autoconsumo de energía fotovoltaica busca generar impactos positivos directos en términos económicos, con una importante reducción del gasto anual, en un momento en el que el precio de la energía está en máximos históricos; medioambientales, dado que se trata de fuentes renovables y de proximidad, y sociales, por un lado, liberando recursos públicos que pueden destinarse a otros programas y acciones en beneficio de la población y, por otro, facilitando el acceso a energía más asequible a familias en situación o riesgo de pobreza energética.