El Gobierno de Aragón, las tres diputaciones provinciales y sus municipios, el sector empresarial y el Clúster de la Energía han firmado un protocolo de colaboración para impulsar proyectos en materia de energía. Entre otras medidas, el convenio contempla un plan para la creación de comunidades energéticas locales.
El protocolo de colaboración pretende convertirse en una herramienta que ponga a disposición de los municipios los recursos necesarios para revertir la despoblación usando la producción de energía renovable. Las principales medidas serán, por un lado, la creación de la Oficina de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas.
También se plantea la elaboración de un Plan de Sostenibilidad Energética, Medioambiental y Social que contribuya a conseguir los objetivos fijados de disminución de contaminantes y favorecer el consumo de energías renovables, ejecutando actuaciones que permitan mejorar la gestión energética de los edificios públicos y desarrollando las vías hacia dicha sostenibilidad para los municipios, comarcas y provincias.
Uno de los objetivos es poner en marcha un Plan para la Creación de Comunidades Energéticas Locales, impulsando y fomentando las asociaciones en colaboración público-privada, entre entidades locales y empresas en la búsqueda de los mayores beneficios sociales y económicos en los territorios en los que se constituyan.
Colaboración público-privada
Las entidades locales son las administraciones que más necesitan del asesoramiento, ayuda y apoyo para poder desarrollar proyectos en materia energética, de los que deben convertirse en principales beneficiarios en esta transición. Este convenio pretende empoderar y convertir a los municipios en tierra de oportunidades energéticas como principal palanca de desarrollo. Cada localidad debe encontrar en esta oportunidad energética un desarrollo a medida de cada uno, generando energía renovable, verde y barata, según sus expectativas y sus condicionantes en cada caso.
Junto a ellos, las empresas del sector deberán ser los ejecutores tras una búsqueda de las mejores fórmulas técnicas y económicas en el marco de la colaboración público-privada.
El Gobierno de Aragón, a través de diferentes departamentos, actúa como impulsor, coordinador y catalizador de la creación de este modelo, de forma decidida y bajo los principios de consenso, unidad política y social, sostenibilidad ambiental y social.